La frontera de los desaparecidos

PuenteEl estado de Táchira es fronterizo con el colombiano departamento de Norte de Santander. Ambos viven una situación complicada de seguridad por la presencia de grupos paramilitares, organizaciones insurgentes y crimen organizado.

En Norte de Santander (capital Cúcuta) conocen bien el drama de la desaparición forzada. En una reunión de unas 35 organizaciones de víctimas celebrada en Cúcuta en noviembre de 2013 se hacía balance y ya son 3.242 casos de desapariciones forzadas los registrados en el departamento entre 1999 y 2013. La impunidad y el silencio es lo único que conocen las familias que, como la de Lilia y Juber, luchan por saber qué ha ocurrido con los suyos.

En el encuentro, auspiciado por Naciones Unidas y la Fundación Progresar, se denunció además que los autores de las desapariciones eluden la acción de la justicia cruzando la frontera y enterrando en fosas comunes a sus víctimas. De hecho, en un reporte periodístico de enero de este año, se manifestaba como en la morgue central de San Cristóbal (capital de Táchira) hay 50 cadáveres llegado en 2013 esperando que alguien los reclame.

Pero el fenómeno de la desaparición también es ya una de las peores violaciones de derechos humanos que afecta al estado venezolano de Táchira. El 13 de septiembre de 2013 los familiares de “secuestrados” en ese Estado denunciaron que hay al menos 35 casos registrados en los últimos 3 años y que las autoridades sólo quieren reconocer una desaparición. A la incertidumbre de la desaparición se suma la sordera oficial. “Hace dos años  nos reunimos con el Fiscal Superior  del Táchira, con el Defensor del Pueblo, también  con el entonces Jefe del Core-1, representantes del Cicpc y del Sebin, y se comprometieron  a reiniciar las investigaciones porque reconocieron que estaban paralizadas, y esta es la fecha  y no nos han vuelto a llamar. Sencillamente ya nos cansamos de que de la inacción  y omisión se pase a la negación de un delito que afecta a gran parte del territorio tachirense”, denunciaba Porfirio Dávila, hijo de Porfirio Parada Arellano (padre), desaparecido el  2 de junio de 2003.

El último caso que afecta a colombianos en territorio de Táchira es el de Nercy Johanna Valencia y Alexánder Leal Ojeda, quienes tuvieron el último contacto con sus familiares por teléfono el 4 de enero de este 2014 desde la ciudad de San Cristóbal.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consigna en su artículo 20 que “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

En el artículo 45 insiste: “Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley”.

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